El pasado 11 de marzo de 2025, el Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Esta iniciativa busca garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de la IA, alineándose con el Reglamento Europeo de IA. El objetivo fundamental es frenar las «deepfakes» (noticias falsas) por lo que se impondrán fuertes multas a las empresas que utilicen contenidos generados por inteligencia artificial (IA), sin etiquetarlos como tales.
Etiquetado obligatorio o sanciones millonarias
Una de las medidas más destacadas de este anteproyecto es la obligatoriedad de etiquetar claramente cualquier contenido generado o manipulado mediante IA. Esta disposición pretende que los usuarios puedan distinguir de manera inequívoca entre contenidos reales y aquellos creados artificialmente, abordando directamente el fenómeno de los «deepfakes». El incumplimiento de esta obligación se considerará una infracción grave, pudiendo acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de la empresa infractora.
Prácticas prohibidas y sistemas de alto riesgo
El anteproyecto también establece la prohibición de ciertas prácticas relacionadas con la IA que puedan ser perjudiciales para la sociedad. Entre ellas se incluyen el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, la explotación de vulnerabilidades de grupos específicos debido a su edad, discapacidad o situación socioeconómica, y la clasificación de personas basada en datos biométricos para otorgar beneficios o evaluar riesgos. Además, se identifican y regulan los sistemas de IA considerados de alto riesgo, imponiendo requisitos estrictos para su desarrollo y utilización.
Supervisión y aplicación de la ley
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, será la encargada de supervisar la correcta aplicación de esta normativa. La AESIA tendrá la capacidad de imponer sanciones a partir de agosto de 2025, aunque su director, Ignasi Belda, ha manifestado que se priorizará el uso de advertencias antes de recurrir a multas, considerando que las sanciones deben ser un elemento disuasorio y no meramente recaudatorio.
Con la aprobación de este anteproyecto, España se posiciona a la vanguardia en la regulación de la inteligencia artificial, buscando equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales y la seguridad de sus ciudadanos.
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